El 4 de febrero de 2026, el Ministerio de Vivienda de España ordenó a las plataformas de alquiler de corta duración, entre ellas Airbnb y Booking.com, la retirada inmediata de 86.275 anuncios de viviendas turísticas.

📊 Los anuncios retirados correspondían a inmuebles que:

— no estaban inscritos en el registro estatal de viviendas de uso turístico;
— no cumplían con los nuevos requisitos de transparencia e identificación de los propietarios;
— seguían publicándose en las plataformas pese a la entrada en vigor de la nueva normativa.

Según el Ministerio, las plataformas digitales son directamente responsables de verificar la existencia de un número de registro válido, y la publicación de viviendas no autorizadas constituye una infracción de la legislación en materia de vivienda.

🏘 Las medidas se adoptan en un contexto de grave escasez de vivienda asequible en las principales ciudades españolas, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y las regiones con alta presión turística. De acuerdo con datos de la estadística nacional y de los reguladores regionales:

— en determinados distritos, el alquiler turístico representaba más del 20–30% del parque residencial;
— los precios del alquiler crecieron a tasas de dos dígitos, muy por encima del crecimiento de los ingresos de la población local;
— la expansión del alquiler de corta duración ha contribuido al desplazamiento de residentes de los centros urbanos.

🏛 España se ha convertido en uno de los primeros Estados miembros de la Unión Europea en aplicar plenamente el Reglamento europeo sobre el alquiler de corta duración, en vigor desde 2025. El reglamento establece:

— la creación de registros nacionales unificados de viviendas turísticas;
— la obligación de incluir el número de registro en todos los anuncios online;
— una mayor responsabilidad de las plataformas digitales en el control del contenido publicado;
— el intercambio de datos entre las plataformas y las autoridades nacionales.

📉 Los expertos señalan que la retirada masiva de anuncios puede provocar una reducción de la oferta de alojamiento turístico en las zonas más demandadas y, en general, desincentivar la inversión en el segmento del alquiler de corta duración. No obstante, el impacto sobre el mercado del alquiler de larga duración sigue siendo incierto.

Los participantes del mercado subrayan que sin un aumento paralelo de la construcción de nueva vivienda, el efecto de las medidas regulatorias será limitado y potencialmente controvertido. En este ámbito, la situación apenas cambia: pese a que se prevé un crecimiento de la construcción residencial de alrededor del 12% en 2026, se espera la entrega de unas 260.000 nuevas viviendas, una cifra insuficiente para cubrir el déficit acumulado estimado en 800.000–900.000 unidades.