En España, los okupas ilegales se están apoderando cada vez de más viviendas, y ahora este problema probablemente ha llegado a su clímax. Según Idealista, ahora tendrás que esperar una media de más de 20 meses para recuperar tu hogar en España. Y, al parecer, este no es el límite máximo. 

¿Quiénes son los okupas y cuál es el problema?

Imagínate: te has comprado una casa en España, la has amueblado a tu gusto y luego te has ido de vacaciones durante una semana. Vuelves, y ya hay otras personas viviendo en tu casa, y resulta que no es tan fácil desalojarlas. Estas personas son ocupantes ilegales (es decir, okupas). 

La okupación en España (la apropiación ilegal de bienes raíces) es un problema serio. La Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO) informa de que, en 2022, el número de tales invasores en España aumentó en un 20% comparado con 2021.



La situación con los okupas sigue deteriorándose. El tiempo de espera de la decisión de desalojar a los ocupantes ilegales de los hogares españoles sigue aumentando. Actualmente, el periodo medio se ha incrementado a 20,5 meses entre los procedimientos de los juzgados de primera instancia y los procedimientos de los juzgados provinciales.

El problema de los ocupantes ilegales: causas y efectos

En regiones como Baleares, Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, el procedimiento de primera instancia dura más de 11 meses o incluso un año, como ocurre en Andalucía y Murcia. Al otro lado de la tabla están La Rioja, Navarra y País Vasco, con una media inferior a siete meses.

Los expertos critican que el desalojo de un okupa en España lleve cada vez más tiempo, lo que provoca, según Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, «un mal funcionamiento del Departamento de Justicia por falta de recursos». Además, advierte que el plazo de este año se ampliará aún más debido a «las diversas huelgas que se están produciendo».

Según la letrada, la tendencia irá en aumento a medida que la nueva Ley de Vivienda ahora agregue aún más complejidad al problema, lo que aumentará aún más el tiempo que lleva desalojar a los ocupantes ilegales «debido a una serie de requisitos y formalidades que se requieren para llevar a cabo un procedimiento judicial de estas características». Todo esto, insiste, obliga a muchos propietarios a optar por vender para no ser propietarios, y hace que los inversores pierdan confianza.

Para José Ramón Zurdo, abogado especializado en alquileres y consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), el problema de los retrasos en el desalojo de los ocupantes ilegales es la legislación: «la legislación sobreprotege al inquilino con una serie de medidas por las que el litigio se alarga cada vez más. Y todo este tiempo el propietario está sufriendo el impago y los daños a la propiedad».

La incautación de inmuebles se ha convertido en una gran preocupación para los propietarios y en un desastre que ya está afectando a unas 100 000 propiedades en toda España, según estima la Plataforma de Afectados por la Okupación.

Prueba de la preocupación que genera el fenómeno de la okupación en España es el hecho de que las compañías de seguros estén lanzando productos y coberturas específicas para este ámbito.

En 2022 se registraron en España 16 726 casos de okupación, lo que supone una media de 46 casos diarios, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior. Esta cifra es un 3,17% más baja que en 2021, cuando el máximo de los últimos seis años fue de 17 274 casos.

¿Qué hacer?

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone tres cambios legales para abordar este problema:

  • introducir penas de prisión (de seis meses a un año) para los casos de okupación
  • la posibilidad de desalojar a los ocupantes ilegales de la vivienda okupada antes de la audiencia judicial
  • dar a la policía el derecho de desalojar a los ocupantes ilegales en los primeros días después de la apropiación de dichos bienes inmuebles.